Un nuevo escándalo que compromete la dignidad del Ejército de Colombia estalló cuando una publicación de prensa comprometido la actuación de tres nuevos integrantes de la cúpula de esa institución armada y que al parecer estarían vinculados con hechos de corrupción al interior de la organización militar.
Los generales comprometidos fueron identificados por la colombiana Revista Semana como los generales Jorge Romero Pinzón, Eduardo Quirós y Adelmo Fajardo Hernández, y quienes son señalados por la publicación como ‘las Ovejas Negras del Ejército’.
En la publicación se sostiene que el general Romero Pinzón estaría siendo investigado por Fiscalía colombiana por al parecer haber incurrido en supuestos actos de corrupción que sumarían en total en alrededor de 1.000 millones de pesos.
La publicación destacó que en poder de la Fiscalía también hay soportes sobre denuncias que acusan a dicho general de la venta por hasta 11 millones de pesos de salvoconductos para el porte de armas de fuego.
También se conoció que oficiales del Ejército revelaron, desde el anonimato, que el general Quirós habría ofrecido recompensas a los militares que revelaran quién o quiénes estarían detrás de las filtraciones a la prensa de los documentos donde se detallarían las presuntas presiones para generar resultados, que fueron publicados por el diario estadounidense The New York Times.
’El que me traiga quiénes son los que están filtrando la información de lo que está saliendo en la prensa le damos 100 millones de pesos o seis meses de permiso’, reseña Semana tras asegurar que de acuerdo con testigos, esta frase fue pronunciada por el general Quirós.
Las investigaciones también mencionan al general Fajardo Hernández, actual segundo comandante del Ejército, cuando ocupaba el mando de Comando de Educación y Doctrina del Ejército (Cedoc), entre 2016 y diciembre de 2017.
Fajardo al parecer presionaba a otros militares a conseguir dinero que iba a ser destinado a gastos personales de él y de su familia, como viajes, compra de artículos y carros oficiales a su disposición, entre otras situaciones.
La mala hora de la institución armada de Colombia arrancó con la denuncia del periódico estadounidense The New York Times, el cual a mediados de mayo pasado señaló en un artículo que el general Nicacio Martínez, comandante del Ejército Nacional, ’frustrado por los vacilantes esfuerzos de la Nación’ habría ordenado a sus tropas duplicar la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla; y posiblemente acepte un aumento de las bajas civiles en el proceso, según consta en órdenes escritas y entrevistas con altos oficiales.
Para dicha publicación lo mismo que para sectores opuestos al gobierno del presidente Iván Duque, esa acción constituye el regreso al país de los denominados falsos positivos y que en el pasado determinó que militares dieran de baja a personas a las cuales hacían pasar como supuestos guerrilleros muertos en combates que no se habían registrado.
Ese escándalo no para y es por ello que recientemente el general Martínez aseguró que las actuaciones por parte de esa Institución son transparentes y afirmó que hay quienes quieren "magnificar cosas que no se han dicho y no se han hecho", al ser indagado por las supuestas presiones que han recibido militares para que incrementen el resultado de bajas durante operativos.
También dijo que " hemos dado órdenes e instrucciones de respeto por los Derechos Humanos’ y mencionó luego que ’este es un Ejército transparente (...) estamos dentro del marco de la ley, cumpliendo lo que la constitución nos dice con total y absoluto respeto por los Derechos Humanos", precisó.
Sentenció que en caso que un uniformado actúe por fuera de la ley y no aplique los protocolos establecidos, tendrá que someterse a consecuencias legales, mientras reiteró que 86 personas de esa Institución están siendo investigadas de manera interna.